Artículo realizado junto a Mileva Chialvo. Observatorio de Política Internacional – UCSF
La semana pasada celebramos el “Día Internacional de la Mujer”. Un día
que nos invita a reflexionar sobre un colectivo que ocupa más del 50% de
la población mundial: las mujeres. Actores clave de nuestro entramado
social, han sido utilizadas en múltiples contextos, y la política no queda
afuera de ello. Por eso hoy queremos traer a estas líneas un tema que une
la campaña electoral en España y la realidad femenina: la reforma de la ley
del “solo sí es sí”.
Y la verdad es que mucho hemos escuchado desde que comenzó a
gestarse esta ley, que tenía como propósito principal poner al
consentimiento en el centro de la discusión. La ecuación sería simple:
debería haber consentimiento para que un acto sexual sea considerado
legítimo. Obvio, pero… ¿Qué hace que una voluntad sea buena? Habrá
que releer a Kant. Pero el eslogan del “solo sí es sí, que parecía muy
bonito ante los titulares de la maquinaria mediática, fue rápidamente
oscurecido por una catarata de rebaja de condenas bajo el principio
constitucional de in dubio pro reo.
Se desarrollaron muchas críticas al respecto: no podemos dejar de
preguntarnos, por ejemplo, cómo habiendo tantos juristas en el gobierno,
y habiendo pasado por tantos trámites en su diseño, validación y
tramitación, ningún experto en la materia pensó que, si no se dejaba en
claro en una disposición transitoria qué hacer para su aplicación en el caso
de situaciones ya juzgadas, la ley caería en un estado de ambigüedad y
pasaría a depender de la libre interpretación de los jueces, guiados por su
leal sentido y deber (como no puede ser de otro modo, pero que deja
bastante que desear en situaciones tan delicadas como la violencia
sexual). Estamos hablando de una dejación irresponsable de -valga la
redundancia- responsabilidades y obligaciones por parte de los miembros
del Gobierno y también las mayorías que en el Parlamento aprobaron la
ley.
Una reflexión al respecto: no se puede pensar en leyes que reformen el
Código Penal y que traten sobre un tema tan importante para hacer
propaganda política con eslóganes dignos de una buena campaña de
marketing. Y con esto no queremos responsabilizar solamente al
ejecutivo: la ley fue utilizada por todos los partidos de todos los espectros
y colores políticos, a favor y en contra, con el fin de conseguir un titular en
las noticias.
¿Y quiénes asumen el costo de todo este vaivén? Las que deberían estar
protegidas por la ley misma, las mujeres. No solamente aquellas que son
víctimas de esos abusadores que vieron reducidas sus condenas, si no
también todas las que deben convivir a diario con el manoseo discursivo
de una sociedad que les dice cómo debe ser la violación para que sea
denunciable.
Sin embargo, la discusión sigue girando en torno a las penas reducidas.
Ante la hostil situación, la parte socialista del gobierno inició el martes la
tramitación de una reforma que promete reparar aquellos puntos ciegos
de la actual ley. Podemos se atrincheró en la bancada del gobierno y acusó
al PSOE de «traición al feminismo». Lo cual es un claro signo de no ser
limpios con la verdad, así como incapacidad para reconocer sus propios
errores, por mucho que su voluntad inicial fuera hacer cara a un discurso
machista apoyado, por una parte, de la sociedad y por ciertos medios
masivos. Para tratar la reforma, mal que mal, el PSOE ha buscado apoyo
en los partidos de derecha, que se mantienen agazapados en busca de un
espacio para poder acusar a los grupos progresistas de odiar a los
hombres.
Como afirmaba Platón, el arte de gobernar es complejo: no es la misión de
un político agradar al pueblo, si no que su tarea debe centrarse en forzar a
sus ciudadanos a ser mejores, convencerlos de ello. Por eso mismo las
leyes no pueden ser neutras: están cargadas de convicciones morales, de
qué sociedades queremos, de qué conductas toleraremos y cuáles no. Si la
ley del “solo sí es sí” generó consecuencias negativas, no se debería hacer
demagogia con ella, si no reparar aquellas situaciones en las que su
aplicación resultó controversial, apoyar a las verdaderas víctimas y
trabajar en un instrumento jurídico que haga sentir a las mujeres libres de
vivir en sociedad. Ni hablar de que educar a la población en el
consentimiento debería ser una materia obligatoria.
Ante tanta sinrazón, el PSOE ha vuelto a demostrar que es un partido
central y de Estado, enmendándose a sí y echando un pulso a sus socios,
haciendo acopio de las cuatro virtudes cardinales: templanza en la
tempestad avivada por la campaña electoral; prudencia para mantener el
frágil equilibrio del gobierno; fortaleza frente a quienes practican la
política de tierra quemada; y justicia para proteger los intereses de las
víctimas y de todos los ciudadanos. ¿Los otros, habrían hecho lo mismo?
